O Consello de Ministros aprobou onte, a proposta da Ministra de Cultura Carmen Calvo, o proxecto de lei do cine que, entroutras cousas, diferencia os sectores independentes e dependentes que coexisten no cine español, establece cambios en materia de axudas e coprodución, fomenta fiscalmente a chegada ó cine de capitais alleos ó sector, e transforma ó ICAA nunha Axencia Estatal. O texto mantén a figura da cota de pantalla, anque flexibilizada, o que provocou amargas críticas por parte dos exhibidores. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley del cine
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, el proyecto de ley del cine, que, entre otras cosas, diferencia los sectores independientes y dependientes que coexisten en el cine español, establece cambios en materia de ayudas y coproducción, fomenta fiscalmente la llegada al cine de capitales ajenos al sector, y transforma al ICAA en una Agencia Estatal. El texto mantiene la figura de la cuota de pantalla, aunque flexibilizada, lo que ha provocado amargas críticas por parte de los exhibidores.
En marzo pasado, el proyecto de Ley del Cine quedó aparcado ante la falta de consenso entre los distintos sectores implicados y, más particularmente, por la rotunda oposición al mismo de las televisiones privadas y de los exhibidores. Tres meses después, acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros, y todo apunta a que la nueva legislación cinematográfica estará lista en esta legislatura, porque el texto se enviará al Congreso de los Diputados por el procedimiento de urgencia para que se apruebe antes de finalizar el 2007. En este impasse de tiempo, un grupo ha salido beneficiado: las televisiones privadas, ya que se ha eliminado del articulado la obligación que tenían de invertir el 6% de sus ingresos en cine europeo, tal y como contemplaba el primer borrador, aunque la ministra de Cultura, Carmen Calvo, recordaba ayer que sigue en vigor el Reglamento que obliga a las cadenas a destinar como mínimo el 5% de sus ingresos al cine europeo (un tema cuya legalidad están dilucidando el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de las Comunidades Europeas). Los exhibidores son la otra cara de la moneda. De hecho, esta misma mañana la Federación de Cines de España (FECE) emitía un duro comunicado en el que denuncia que ninguna de sus peticiones relevantes ha sido atendida, habla de ausencia de negociación, y muestra su rechazo a un texto que beneficia exclusivamente a los productores con todo tipo de subvenciones y a las majors de Hollywood, a las que se permite continuar el abuso sobre las salas de cine españolas. A su juicio, con la futura ley, el sector de las salas de cine queda marginado y desprotegido, sometido a una doble presión de regulaciones e imposiciones sin ninguna contraprestación (en referencia al mantenimiento de la cuota de pantalla, que los exhibidores tachan de inconstitucional) y creen que lleva al sector a una crisis de profundas dimensiones. Por contra, la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), en otro comunicado, ha celebrado el hecho de que se inicie la tramitación parlamentaria de una ley que deberá servir como el revulsivo que necesita el cine y audiovisual español y ha reclamado a los grupos parlamentarios un esfuerzo para que el texto definitivo se adecue a la compleja realidad del mercado cinematográfico y audiovisual y para conseguir una ley consensuada y equilibrada.
La futura Ley del Cine aspira a introducir un marco adecuado para amparar la producción, la distribución y la exhibición de películas variadas y de calidad, mejor promocionadas y capaces de mantener, e incluso incrementar, la diversidad (…) de nuestro cine. El texto articulado define y diferencia por vez primera los sectores independientes -que engloban al 90% de las empresas- respecto a aquellos vinculados a operadores televisivos o empresas multinacionales, y, también por primera vez, hace esa distinción en cada rama de la industria: producción, distribución y exhibición. Esta clarificación del mercado pretende favorecer la interrelación entre los dos tipos de producción e implica diferencias sensibles a la hora de percibir ayudas. Además, éstas no podrán recibirse sin demostrar previamente la capacidad y solvencia de los receptores, que deberán estar al día en el pago de las obligaciones económicas adquiridas con el personal creativo, artístico y técnico, así como con las industrias técnicas, como reclamaban TACE y AITE. El lobby de los productores no ha podido con el de las televisiones privadas en el tema del 6%, pero, como contraprestación, se introduce un nuevo tratamiento fiscal. Así, el texto modifica la norma fiscal, de forma que se mantiene la desgravación del 18% para productores cinematográficos hasta 2012, mientras la legislación del IRPF y del impuesto de sociedades, en vigor desde el 1 de enero de 2007, establece una reducción progresiva anual de las exenciones fiscales hasta su completa desaparición en 2014. El texto introduce también, como reclamaba FAPAE, incentivos fiscales para atraer la inversión externa de coproductores financieros a través, especialmente, de la figura de las Agrupaciones de Interés Económico, en las que tanto el productor cinematográfico como el coproductor financiero podrán beneficiarse de la misma deducción del 18%. Además, en el anteproyecto aprobado se establecen algunos cambios en materia de ayudas y coproducción. Así, en las ayudas sobre proyecto, se introduce a las películas para televisión y a las series de animación como posibles beneficiarios. Además, para acceder a las ayudas a la amortización de largometrajes, las productoras dependientes deben coproducir en todos los casos con productoras independientes, con un porcentaje de hasta el 60% del presupuesto de la película.
El texto también arbitra nuevas medidas de apoyo al desarrollo de proyectos, a las iniciativas culturales, a las obras que utilicen nuevas tecnologías y a las actividades de I+D+i. También aborda el proceso de la digitalización en exhibición y distribución, e introduce la realidad de las nuevas tecnologías, referidas tanto a aquellas obras audiovisuales que no están destinadas a ser exhibidas en salas como a las susceptibles de ser distribuidas en la red. En colaboración con las Comunidades Autónomas, la ley prevé ayudas a las salas de exhibición que cumplan determinadas condiciones respecto al cine que proyectan: al menos un 40% de películas comunitarias e iberoamericanas, preferencia de versiones originales subtituladas, exhibición de cortometrajes, etc. En cuanto la cuota de pantalla del cine europeo, se mantiene en el 25%, pero se flexibiliza, pasando a contabilizarse por sesiones y no por días. Además, se podrá cumplir por el conjunto de salas que forman un complejo. Paralelamente, se facilitan las condiciones de cumplimiento de dicha cuota, especialmente cuando se proyecten películas europeas en VO subtitulada, que computarán doble. También se atiende a los inminentes procesos de digitalización en los artículos referidos a las salas de exhibición y a la conservación del patrimonio cinematográfico. En cuanto a las ayudas a la distribución para distribuidores independientes, a partir de ahora considerarán no sólo al cine europeo, incluido el español, sino también a las producciones iberoamericanas, que son promovidas asimismo mediante las ayudas a las salas de exhibición. Por otra parte, se introducen medidas de género para las actividades creativas de dirección y guión, al tiempo que se procura la paridad entre hombres y mujeres en la composición de los órganos colegiados; a efectos exclusivos de reconocimiento de nacionalidad de una película española, se considera al director de fotografía como uno de los autores de la obra, junto al guionista, el director y el compositor musical; y en todos los casos de película española no realizada en régimen de coproducción, el director tiene que ser español, comunitario o residente en un país europeo. Además, se crea una nueva sección en el Registro de Bienes Muebles, del Ministerio de Justicia, destinada a la inscripción de obras y grabaciones audiovisuales, y se contempla el proceso de transformación del ICAA en Agencia Estatal.